1. Eficiencia Energética: Las empresas generadoras quieren convencernos de que necesitan construir muchas
nuevas centrales para abastecernos de energía eléctrica, pero su política de “más vendo, más gano” no es la
mejor alternativa para Chile. La Eficiencia Energética es la fuente de energía mas limpia y de menor costo,
pues reduce la presión sobre los recursos naturales y territorios, y mejora la competitividad económica.
El Plan de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020, elaborado por los últimos gobiernos, afirma que el
país puede lograr un 15% de eficiencia energética al año 2025, lo que implicaría reducir 19.500 GWh de
consumo eléctrico y así evitar la construcción de 2.600 MW en nuevas centrales de generación en dicho
período (equivalente a HidroAysén). Pero el actual gobierno no ha implementado dicho Plan.
El gobierno debe implementar el Plan de Acción 2010-2020. También debe establecer estándares y metas
obligatorias de eficiencia para las empresas intensivas en el uso de la energía como la industria minera,
siderurgia, celulosa y cemento, al año 2020. Y establecer estándares de desempeño energético de artefactos
y equipos de iluminación, refrigeradores, motores, lavadoras y climatización, entre otros.
2. Energías Renovables No Convencionales (ERNC): Chile presenta condiciones privilegiadas en cuanto al
potencial de fuentes de energía renovables no convencionales (ERNC). El Estado debe priorizar la diversificación
y sustentabilidad de la matriz eléctrica incorporando ERNC en los sistemas eléctricos. Actualmente la generación
mediante ERNC en Chile solo representa un 4% de la matriz eléctrica. Este reducido porcentaje se debe al intenso
lobby realizado por las grandes empresas generadoras y el propio Ministerio de Energía, que han afirmado que
Chile no puede aumentar la instalación de ERNC, pues ello aumentaría seriamente el costo de la energía que
pagamos los chilenos.
Sin embargo, un contundente estudio presentado por la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA) en
el Senado mostró exactamente lo contrario: la inyección de solo 3% de ERNC en la matriz eléctrica del Sistema
Interconectado Central (SIC) el año 2010, redujo en $129 millones de dólares el costo operacional del sistema
eléctrico y disminuyó en 3,3% los costos marginales de energía. En 2011, esta cifra ascendió a $186 millones de
dólares.7 Sin embargo, y a pesar de esta evidencia, el gobierno se ha negado a patrocinar el proyecto de Ley para
avanzar hacia una meta de 20% ERNC al año 2020, a pesar de que fue aprobado unánimemente por el Senado.
Actualmente, la Ley 20.257 del año 2008 establece una meta obligatoria de 5% de ERNC (eólica, solar,
geotérmica, entre otras) a partir del año 2010, para llegar a 10% el año 2025. No obstante, esta ley no se aplica
a la totalidad de los contratos, por lo cual la obligación real de inyectar ERNC a la matriz eléctrica es la mitad
de lo que señala la ley.
Para resolver estas limitaciones, el Senado propuso y aprobó una ley para establecer una cuota obligatoria de “20%
de energías renovables al año 2020 (lo que equivale a 4.000 MW), a través de licitaciones separadas y precios
por tecnología, lo cual además de limpiar y hacer más independiente nuestra matriz eléctrica, permitiría reducir
los altos costos operacionales de la generación eléctrica en el país, beneficiando a todos los chilenos”
3.Incorporar externalidades de la generación térmica
Trasparentar e incorporar los costos sociales y ambientales ocultos de las energías sucias (carbón, petróleo,
etc.) sobre la salud, la agricultura, la pesca artesanal, el turismo, la infraestructura y el medioambiente.
Ello, a través del establecimiento de un eco impuesto a generación térmica que sincere los costos sociales
y ambientales; normar la emisión de metales pesados como Mercurio Vanadio y Níquel y los procesos de
enfriamiento de las centrales térmicas, para evitar el actual impacto en el borde costero.
4. Reforma del Mercado Eléctrico
El Estado debe asumir un nuevo rol en la planificación estratégica del mercado y el desarrollo eléctrico
para asegurar su coherencia con las demandas de la sociedad y la sustentabilidad del desarrollo nacional.
Ello debe incluir:
· Reformas al sistema de licitaciones, en cuanto a plazos y bloques para abrir el mercado eléctrico a
nuevos actores, con leyes que reduzcan la concentración de la propiedad y promuevan la diversificación
de fuentes y actores.
· Crear nuevos procedimientos para cubrir la energía de respaldo y el precio de potencia, y licitar en
forma separada los bloques de energía destinados a respaldar los sistemas eléctricos en demanda de
“punta”. Así, se eliminaría el actual sistema marginalista y la sociedad sabría cuánto debe pagar por
generación en punta (horarios de mayor consumo).
· Reformar el sistema de despacho de la energía que hoy controlan las mismas empresas generadoras de
electricidad. Al igual que en el resto del mundo, Chile debe tener Centros de Operación de los sistemas
eléctricos, independientes de las empresas generadoras.
· Reformar el marco regulatorio de la transmisión, para resolver los problemas de planificación,
mantenimiento, transparencia y estabilidad; estableciendo una planificación y diseño de expansión de
largo plazo que incluya sistemas distribuidos, apertura a las ERNC y respeto a las leyes ambientales y el
ordenamiento territorial; y que responda a las necesidades de diversificación y descarbonización de la
matriz eléctrica.
· Rediseñar el marco legal de la distribución eléctrica, para trasparentar y reducir los costos y priorizar
la gestión de la demanda. Ello debe incluir la tramitación del proyecto de ley de desacople de ventas y
utilidades de las distribuidoras; el acceso público a la información sobre costos y participación ciudadana
en los procesos tarifarios.
5. La participación de la sociedad chilena en la determinación del desarrollo eléctrico
Ante la crisis de seguridad, sustentabilidad y legitimidad que enfrenta el desarrollo eléctrico, la política e
institucionalidad eléctrica debe transparentar y generar participación de la ciudadanía y de las regiones
en la toma de decisiones sobre el futuro energético del país. Ello debe incluir al menos: información
pública de calidad, mayores plazos de participación y mecanismos vinculantes de consulta y decisión de
la ciudadanía, como los plebiscitos comunales y regionales. Es imperativo también el establecimiento de
un Ordenamiento Territorial Estratégico que permita compatibilizar el emplazamiento de los proyectos
energéticos con la protección del medioambiente y las prioridades del desarrollo de cada región del país.
Busque este documento en www.chilesustentable.net y también en www.energiaciudadana.cl
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